Un Derecho penal sin garantías, lo que esconde la Ley Antimafia
DOI:
https://doi.org/10.64178/w3w8yy77Palabras clave:
crimen organizado, narcotráfico, garantías constitucionales, Ley Antimafia, organizaciones criminales, Ley 27.786Resumen
La recientemente sancionada Ley 27.786 de Organizaciones Criminales –conocida como «Ley Antimafia»– introduce un régimen de excepción que, bajo la retórica de la lucha contra el crimen organizado, habilita una expansión sin precedentes del poder punitivo estatal, con graves consecuencias para los derechos y garantías fundamentales. Este artículo ofrece un análisis crítico del nuevo marco normativo, identificando sus ambigüedades jurídicas, su potencial regresividad y su aplicación desproporcionada sobre sectores sociales vulnerables. Se examina su impacto sobre la política criminal en materia de drogas, la saturación del sistema judicial, el debilitamiento del federalismo, la concentración de poder en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad, así como la consolidación de un derecho penal simbólico y de autor. A través de una mirada garantista y estructural, se concluye que la ley instituye un modelo punitivista y centralista, sin diagnóstico empírico ni horizonte democrático, que convierte al derecho penal en herramienta de control antes que en instrumento de justicia.
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Derechos de autor 2025 Noelia Galera, Andrés Bacigalupo

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