La Revista Pensamiento Penal es una publicación digital de acceso libre y gratuito dedicada al análisis crítico y plural del sistema penal. Forma parte de los proyectos desarrollados por la Asociación Pensamiento Penal, entidad civil sin fines de lucro fundada por Mario Alberto Juliano y comprometida con la construcción de una justicia penal más democrática, parsimoniosa y respetuosa de los derechos humanos. Desde su creación en marzo de 2005, la Revista ha funcionado como un espacio colectivo e interdisciplinario para la difusión de ideas, debates y producciones jurídicas vinculadas al campo penal en sentido amplio. En 2025, con el objetivo de diversificar sus formatos y mejorar la calidad editorial, la revista adopta una nueva estructura: a partir de entonces, los contenidos inéditos se publican en este portal bajo modalidad de revista académica, mientras que las novedades jurisprudenciales, artículos replicados, informes y documentos legislativos se publican en el portal institucional www.pensamientopenal.com.ar. La Revista Pensamiento Penal publica de manera continua, organizando sus contenidos en ocho números anuales distribuidos en dos volúmenes semestrales. Los textos pueden enviarse en cualquier momento del año. Todos los contenidos se publican bajo licencia CC Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0, sin cargos para autores ni lectoras/es, en línea con el compromiso con el acceso abierto al conocimiento. Tipos de publicaciones La revista recibe contribuciones inéditas en las siguientes categorías: Artículos académicos Comentarios jurisprudenciales Columnas de opinión Reseñas bibliográficas Todos los envíos deben realizarse por medio de este enlace. Revise nuestra Directrices editoriales previamente. Cada texto es evaluado por el equipo editorial, compuesto por especialistas en cada una de las secciones temáticas. Si bien no se implementa un sistema de revisión por pares tradicional, los trabajos son revisados cuidadosamente por responsables editoriales con competencia en la materia. Se aplican criterios de calidad, claridad, pertinencia y rigor en la selección y edición de los contenidos. La revista tiene una orientación plural e inclusiva. No adhiere a una única perspectiva teórica ni exige alineamientos ideológicos, aunque se inscribe en un marco general de defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Fiel a la vocación de la Asociación Pensamiento Penal, el proyecto editorial promueve una mirada crítica, interdisciplinaria y comprometida sobre el funcionamiento del sistema punitivo, así como una constante apertura a debates que cuestionen sus fundamentos, alcances y efectos. La perspectiva de género, el respeto a las diversidades, el enfoque decolonial, la justicia restaurativa, la prevención de la violencia institucional y el abordaje integral de las condiciones de encierro son solo algunas de las líneas que atraviesan muchas de las contribuciones, sin que esto implique un condicionamiento editorial: el objetivo central es ofrecer un espacio abierto al intercambio riguroso y respetuoso entre voces diversas. La revista está estructurada en secciones temáticas, cada una de ellas coordinada por responsables editoriales especializados. Esto permite un abordaje segmentado de las múltiples problemáticas que atraviesan el sistema penal, desde perspectivas jurídicas, sociales, filosóficas, criminológicas y políticas. El Comité Editorial garantiza la coherencia del proyecto y vela por la calidad académica, técnica y formal de las publicaciones. Alcance y destinatarios El alcance de la revista es regional e internacional, recibiendo contribuciones de cualquier país, siempre que los contenidos estén vinculados al campo penal. Está dirigida tanto al público académico como a operadores del sistema de justicia penal, personas privadas de libertad, profesionales que trabajan en contextos de encierro (psicología, sociología, trabajo social, educación) y a la ciudadanía en general. En ese sentido, promueve un lenguaje claro y una desformalización del saber jurídico que facilite el acceso y la participación de múltiples actores. La Revista Pensamiento Penal es uno de los proyectos desarrollados por la Asociación Pensamiento Penal. Las opiniones publicadas son responsabilidad exclusiva de sus autoras y autores, y no representan necesariamente la posición institucional de la Asociación. Quienes deseen conocer otros proyectos pueden visitar el apartado "Universo Pensamiento Penal" en nuestro sitio principal. Convocatoria permanente La convocatoria para el envío de trabajos permanece abierta de forma permanente. Las personas interesadas pueden consultar los criterios editoriales y directrices para autores disponibles en este sitio, o comunicarse con el equipo de la revista para más información. Todos los textos (colaboraciones inéditas o difusión de otros materiales) deben ser enviados a través de esta plataforma.
Suspensión del juicio a prueba en Santa Fe
Esta columna analiza el instituto de la suspensión de juicio a prueba (probation) en la provincia de Santa Fe, argentina, desde una perspectiva crítica y comparada. Se aborda su evolución histórica en el derecho argentino y santafesino, el marco normativo vigente en el código procesal penal provincial, y las posturas doctrinarias y jurisprudenciales que han marcado su aplicación. A través de una revisión de fallos relevantes y la comparación con sistemas penales de otros países, como Chile, Brasil e Italia, se examinan los debates sobre si la probation es un derecho del imputado, una facultad del fiscal o una cuestión negociable entre las partes con control judicial.
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¿Dónde viajan nuestros datos? Riesgos y garantías en la transferencia internacional
La protección de los datos personales de los ciudadanos argentinos, dentro y fuera del país, es clave en un mundo sin fronteras físicas, donde fluyen datos bursátiles, médicos, bancarios, judiciales, sociales y comerciales. Estos requieren un tratamiento regulado para garantizar seguridad y privacidad. La Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales obliga a empresas, organismos y entidades públicas a asegurar protección adecuada en transferencias al exterior. Prohíbe envíos a países sin estándares equivalentes, salvo excepciones como colaboraciones judiciales, investigaciones médicas o transacciones financieras. Exige consentimiento informado del titular, salvo casos previstos por ley. La Agencia de Acceso a la Información Pública supervisa el cumplimiento, adoptando Cláusulas Contractuales Modelo para transferencias seguras. Actualizaciones normativas endurecen sanciones con multas y medidas disciplinarias. En síntesis, el manejo responsable de datos es esencial para resguardar derechos en el mundo digital, demandando medidas estrictas de seguridad, sobre todo en transferencias internacionales.
Romper el falso dilema: seguridad y tratamiento en la nueva ley de ejecución penal de CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la privación de la libertad se desarrolla en establecimientos policiales no preparados para la detención prolongada, configurando una crisis de derechos humanos. El hacinamiento en comisarías y alcaidías vulnera la dignidad de las personas detenidas y desvía a la Policía de sus funciones específicas, debilitando la seguridad ciudadana. El trabajo analiza los proyectos de ley de ejecución penal debatidos en 2025 en la Legislatura porteña, en el camino hacia la sanción de las leyes de Ejecución de la Pena y de creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad. El debate parlamentario se centró en la falsa dicotomía entre seguridad y tratamiento penitenciario: lejos de oponerse, ambos objetivos se refuerzan. Una política penitenciaria seria exige planificación de cupos, clasificación diferenciada y programas de tratamiento integral con educación, trabajo, salud y redes de apoyo. La ley constituye así el punto de partida para conjugar seguridad ciudadana y derechos humanos.
Un acercamiento al concepto de desvictimización a partir de un caso de violencia sexual en contexto de encierro
El trabajo analiza, desde la psicología y el derecho, el caso de «G.», mujer migrante detenida que denunció abusos sexuales de un gendarme en 2015. El análisis destaca cómo la interseccionalidad de su vulnerabilidad fue ignorada por tribunales que absolvieron al culpable basándose en estereotipos de «buena» o «mala víctima». El texto denuncia que el sistema judicial opera como una «tecnología de género» que exige «moralidad impecable» para otorgar credibilidad. Asimismo, aborda la construcción del concepto de trauma, señalando que la justicia oscila entre la victimización esencialista y la sospecha punitiva, proceso entendido como un juego entre «revictimización» y «desvictimización». Finalmente, se concluye que el caso de «g.» evidencia una violencia institucional que solo puede confrontarse mediante una perspectiva de derechos humanos que rompa con los prejuicios heterocispatriarcales arraigados en la magistratura.
Estereotipos, prejuicios y violencia estructural
La columna analiza la violencia estructural que afecta a las mujeres travestis y trans en Argentina y su incidencia en la valoración judicial de la legítima defensa. Con base en datos oficiales —especialmente el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y el Censo 2022— demuestra la sobrerrepresentación del colectivo en las estadísticas de muertes violentas, pese a constituir un porcentaje mínimo de la población. Este escenario de exclusión, precarización y estigmatización configura un marco ineludible para el análisis penal. Se examinan precedentes en los que mujeres trans fueron imputadas y luego absueltas por legítima defensa, resaltando la necesidad de incorporar perspectiva de género y diversidad en la valoración probatoria. Finalmente, se sostiene que la debida diligencia reforzada es un estándar exigible para evitar estereotipos y asegurar una respuesta judicial compatible con la igualdad material y los compromisos internacionales en derechos humanos.
Técnicas de reproducción humana asistida, desde el feminismo radical
El trabajo analiza, a la luz del feminismo radical, un reciente fallo de la corte suprema de justicia de la nación argentina que aborda el siguiente caso: una pareja de hombres, deseosa de ser padres, recurrió a la técnica de gestación por sustitución para tener su hijo. Para ello, una mujer (C.L.A.), se ofreció altruistamente a llevar adelante el embarazo, sin intención de asumir el rol de madre. Una vez nacido, la pareja solicitó la adecuación de la partida de nacimiento del niño para reflejar su realidad socio afectiva. Esto implicaba que la gestante debía ser desplazada como madre en el registro civil, emitiendo una nueva partida en la que únicamente los hombres figuraran como progenitores. El caso llega ante la corte suprema, integrada por cuatro jueces hombres, quienes consideraron inadmisible la demanda. Desde los conceptos desarrollados por Pateman y MacKinnon, analizaré cómo los sistemas legales reproducen estructuras de subordinación que impactan directamente en la autonomía de las mujeres gestantes, aun existiendo un aparente consentimiento.
técnicas de reproducción humana asistida
En el marco del 8M, Indiana Guereño reflexiona sobre los prejuicios que atraviesan el sistema penal cuando se abordan situaciones de violencia por motivos de género. Sostiene que estos prejuicios pueden influir en la acusación, la defensa y el juzgamiento, especialmente a través de preguntas y expectativas sobre cómo «debería» actuar una víctima. La herramienta clave para reconocerlos y comprender el contexto y la complejidad de la violencia es la perspectiva de género. Reconocer esos sesgos permite acercarse a un derecho penal de acto y no de autor, evitando valorar a las personas según estereotipos sobre «buenas» o «malas» víctimas.
Las cortes no deben ser los casinos de las partes
A partir del fallo «Álvarez, Lucas Eduardo y Telechea, Ayelén Daiana» del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, se busca extraer consecuencias prácticas. Por una cuestión didáctica, se condensan en diez puntos. La idea es que sirvan de orientación a todos los operadores judiciales (jueces, fiscales y defensores) al momento de litigar instrucciones al jurado. Así, algunos de los temas que se pueden encontrar a lo largo del artículo son cuestiones que muchas veces surgen de la misma práctica: el rol del juez ante el litigio de las instrucciones al jurado por las partes, la inclusión de los delitos menores o no en aquellas, los límites del juez y del jurado en sus funciones. El texto busca responder preguntas que hacen al litigio diario. ¿Puede el juez instruir al jurado por lo que no acordaron las partes? ¿Debe hacerlo? ¿Puede el juez revisor sustituir al jurado? ¿O debe reenviar el caso para que sea juzgado nuevamente? ¿Debe registrarse la audiencia de litigación de instrucciones? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se hace?
Sentimiento de culpa en mujeres mayores víctimas de violencia filioparental
Este artículo presenta herramientas de intervención para abordar la violencia ejercida por hijos/as hacia mujeres mayores, fenómeno creciente asociado, en muchos casos, al consumo problemático de sustancias o a trastornos de salud mental de los agresores. El artículo revisa el marco normativo aplicable y describe los distintos tipos de violencia hacia personas mayores. Se profundiza en el sentimiento de culpa experimentado por las mujeres víctimas, entendido como resultado de mandatos culturales y estereotipos de género interiorizados. Esta emoción se vuelve un obstáculo a la hora de realizar denuncias, sostenerlas y solicitar ayuda, especialmente cuando el agresor es un hijo. Finalmente, se expone el abordaje del Equipo de Intervención Domiciliaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza el acceso a justicia de las víctimas mediante una intervención articulada, con eje en el acompañamiento emocional, jurídico y social. Se concluye con recomendaciones para operadores del sistema de justicia que buscan evitar la revictimización, y se subraya la importancia de brindar una respuesta integral para garantizar los derechos de las personas mayores.
Consideraciones sobre el plazo razonable de duración del proceso: colisión en las nuevas estructuras procesales capitalinas y federales
Este artículo analiza la problemática de los plazos de duración de los procesos penales en Argentina y su impacto en los derechos de los justiciables, especialmente en lo que respecta al derecho de defensa, al principio de inocencia y el vínculo de estas garantías con la aplicación de medidas de coerción por parte del Estado. Se examina reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las nuevas estructuras procesales del fuero federal y del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se destaca la tensión existente entre la garantía del plazo razonable para que una persona sea juzgada y la realidad de procesos penales actuales de extensión casi indefinida; con el fin de plantear la necesidad de repensar dichas estructuras procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables, a fin de garantizar el respeto irrestricto de los derechos y garantías durante el transcurso de la búsqueda por la verdad.
Este trabajo de investigación analiza la interrelación entre la comercialización de estupefacientes y la prostitución en la zona roja de La Plata, poniendo de relieve cómo la precariedad económica y la discriminación social inciden en la participación de mujeres cis, trans y travestis en actividades ilícitas. Asimismo, examina el impacto de la Ley de Estupefacientes N.º 23.737, que profundiza la criminalización de sectores socialmente vulnerables, expuestos a procesos penales desfavorables y con serias limitaciones para el acceso efectivo a la justicia. Desde esta perspectiva, se propone cuestionar los paradigmas tradicionales del derecho penal, incorporando una mirada de género e interseccional en la administración de justicia. Este enfoque permite visibilizar desigualdades estructurales, múltiples violencias y relaciones de poder sostenidas por mecanismos de coacción en los delitos vinculados con drogas. Finalmente, se plantea la necesidad de revisar la noción de culpabilidad, considerando el condicionamiento social y económico de la autodeterminación, y se proponen herramientas interpretativas para un tratamiento penal más justo de los estados de necesidad, sin desconocer la antijuridicidad.
Políticas post penitenciarias en Argentina
El presente estudio tuvo como objetivo analizar las políticas postpenitenciarias y su implementación en los patronatos de liberados de Argentina desde la perspectiva de profesionales y directivos que integran dichas instituciones, así como realizar una comparación teórica con la aplicación de estas políticas en países de habla hispana. Se adoptó una metodología mixta, con un enfoque descriptivo y analítico, mediante técnicas de recolección de datos cuantitativas y cualitativas. Los resultados evidenciaron la necesidad de fortalecer los programas existentes, promover el trabajo interregional, incrementar el presupuesto y fomentar una mayor participación de la sociedad. Asimismo, se destacó la importancia de diseñar políticas más claras y sólidas que permitan cumplir con los objetivos establecidos por la ley nacional de ejecución de la pena privativa de libertad. El análisis comparado con países como Chile, Perú y España mostró un escenario similar, con fortalezas y debilidades. Se concluyó que no existe aún un modelo único y exitoso en la materia.
ejecución de la pena privativa de la libertad
Este artículo examina los paralelismos entre dos procesos contemporáneos, la persistencia de políticas punitivas carcelarias y la inacción estructural frente a la crisis climática. Aunque existe un amplio consenso internacional sobre el fracaso y los efectos destructivos de ambos modelos, el sistema penal y la matriz económica extractivista continúan reproduciéndose. A partir de un enfoque documental y crítico, se sostiene que esta continuidad no es contradictoria sino funcional, en tanto responde a una lógica estructural que preserva el status quo y legitima la persistencia de mecanismos ineficaces bajo las retóricas de la seguridad, el orden y el progreso.
Debido a la gran cantidad de presos condenados en Argentina, vinculados al factor criminógeno del consumo de sustancias[1], decidí introducirme en esta problemática por medio de entrevistas y encuestas hechas en primera persona a personas con problemas de consumo en recuperación. Esta investigación apunta a concientizar sobre la realidad del consumo problemático, para intentar comprender por qué el consumo problemático de drogas predispone a ciertas personas a terminar en el sistema carcelario, en vez de ser atendidos mediante políticas de salud pública. Por esta razón elegí describir el funcionamiento y los efectos que produce en las personas y en la sociedad, la confraternidad de Narcóticos Anónimos, que viene a brindar una respuesta concreta y efectiva a través de un tratamiento de 12 pasos para quienes padecen esta problemática e intentan recuperarse de los efectos de la drogadicción.
Derechos de autor 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
La víctima en el proceso penal cubano. Principales limitaciones
La presente contribución analiza el papel que desempeña la víctima en el proceso penal cubano, a partir de los principales cambios introducidos en la legislación nacional tras la reforma. En este sentido, se examinan las distintas formas de participación reconocidas por la ley del proceso penal, que permiten a la víctima intervenir procesalmente como testigo, tercero coadyuvante, acusador particular o parte civil. No obstante, la ley No. 143 de 2021 —ley del proceso penal— también establece determinadas pautas que pueden limitar el alcance de su actuación.
La importancia del enfoque reconstructivo en el análisis del lugar del hecho, entendido como un proceso técnico-científico orientado a la búsqueda de la verdad fáctica. Se propone superar la fragmentación disciplinar habitual en la práctica pericial, integrando los indicios dentro de un sistema causal que permita comprender la dinámica del suceso delictivo. La metodología reconstructiva se apoya en la observación, la experimentación y la inferencia racional, pilares del método científico aplicados a la criminalística. Desde esta perspectiva, la labor pericial adquiere un valor epistemológico central: reconstruir el hecho implica ordenar la evidencia, establecer relaciones de causalidad y garantizar la objetividad en el análisis. Este abordaje contribuye a fortalecer la fiabilidad de las conclusiones forenses y la función probatoria de la ciencia en el proceso penal.
El delito de proxenetismo bajo la lupa de la garantía constitucional de reserva judicial
La prostitución, entendida como la prestación de servicios sexuales a personas indeterminadas de manera habitual y a cambio de una retribución económica, nunca fue configurada como delito por la legislación penal argentina. Sin embargo, genera un debate entre las corrientes abolicionista y reservista respecto de la constitucionalidad del artículo 125 bis del código penal en relación con la garantía de reserva establecida en el artículo 19 de la constitución nacional. Desde la perspectiva reservista, dicho artículo vulnera esta garantía al penalizar a quien promueve o facilita la prostitución cuando esta es ejercida de manera libre y plenamente consentida por personas adultas, sin afectar el orden público ni los derechos de terceros. Castigar esa conducta implica una injerencia inadmisible en la esfera privada de quienes optan por modos de vida alternativos y reproduce una concepción paternalista y moralizadora del estado que debe ser rechazada en un sistema respetuoso de las libertades individuales.
Derechos de autor 2026 Rafael Alejandro Villegas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
El derecho a la confrontación como fundamento del debido proceso
A raíz del fallo dictado el 21 de marzo del año 2024, del tribunal de impugnación de Río Negro, y la alegada violación al derecho de confrontación por parte de la defensa técnica del acusado, se propone un repaso y análisis de las cuestiones relevantes asumidas en el caso. Este análisis tiene como objetivo comprender el efectivo alcance del derecho de confrontación, como derivación necesaria del debido proceso. La confrontación, esencial para asegurar la equidad del juicio, permite a la defensa cuestionar la credibilidad de los testigos, evitando así que se presente evidencia testimonial sin la debida fiscalización. Su violación puede constituir un grave error judicial que afecta la integridad del proceso adversarial y compromete la legitimidad del sistema judicial. Al analizar este caso, es crucial entender cómo se interrelacionan el derecho de confrontación y el debido proceso, y cómo su transgresión puede tener repercusiones significativas en la justicia penal, destacando la importancia de salvaguardar estos principios para garantizar juicios justos y equitativos.
Análisis del impacto de las criptomonedas en el lavado de activos: desafíos y perspectivas en el contexto actual
Desde la aparición de bitcoin en 2009, las criptomonedas y la tecnología blockchain han revolucionado el panorama financiero y tecnológico. Si bien ofrecen beneficios como transacciones rápidas y menores comisiones, su naturaleza descentralizada y el anonimato que pueden proporcionar plantean serios desafíos en la lucha contra el lavado de activos. Las criptomonedas, al carecer de una autoridad central y permitir movimientos transfronterizos con gran facilidad, se han convertido en una herramienta atractiva para delincuentes que buscan ocultar el origen ilícito de fondos. Las etapas tradicionales del lavado de activos (colocación, ocultación y reintroducción) se adaptan a su uso, facilitando la fase de ocultación con mayor velocidad y anonimato, lo que complica enormemente las investigaciones. Organismos internacionales como el GAFI y entidades locales como la UIF han advertido sobre estos riesgos, señalando la dificultad de rastrear e incautar bienes en un sistema descentralizado. Este escenario subraya la urgente necesidad de analizar el impacto de las criptomonedas en el lavado de activos, identificar las técnicas empleadas y desarrollar estrategias regulatorias y de combate efectivas. La investigación se propone abordar estos desafíos, buscando comprender cómo se utilizan las criptomonedas para fines delictivos y proponer recomendaciones para mitigar este riesgo creciente.
El surgimiento de la delincuencia artificial
En un contexto donde el ciberespacio prácticamente se ha convertido en el mundo que más habitamos y la tecnología ha creado una dependencia tal que nos es casi imposible rememorar los tiempos en que era solo un elemento accesorio a la vida; el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial avanzan a pasos inusitados, y mal parece que las agendas legislativas y políticas escasamente están considerándola en su intervención delictiva, sea como medio comisivo o como agente independiente. Frente a ello, proponemos un breve repaso de los conceptos elementales en torno a la inteligencia artificial y a la delincuencia informática, y un análisis final de los riesgos penales concretos que han dejado de ser una hipótesis para transformarse en una realidad irrefrenable.
Requisa personal y vehicular: un abordaje desde la jurisprudencia del fuero provincial de Entre Ríos
El trabajo examina cómo la jurisprudencia entrerriana ha precisado los conceptos jurídicos indeterminados que habilitan las requisas personales y vehiculares, ante la escasa regulación del código procesal penal local y el marco constitucional del artículo 18 de la constitución nacional. A partir de los estándares fijados por la corte interamericana de derechos humanos en «Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina», se analiza cómo los tribunales han definido cuándo existen «motivos suficientes» y en qué supuestos es legítimo prescindir de la orden judicial por considerarse la medida «urgente e impostergable». El estudio destaca la importancia decisiva de las actas policiales para el control judicial ex post, así como los principales escenarios en los que se admiten estas intervenciones sin autorización previa: flagrancia, descarte de elementos vinculados a delitos, amenazas con armas y contextos adversos que comprometen seguridad o evidencia. También se identifican casos donde la falta de urgencia invalida la actuación policial, como en operativos rutinarios o intervenciones premeditadas. En conjunto, el análisis evidencia tensiones persistentes entre facultades policiales y exigencias constitucionales, subrayando la necesidad de mayor precisión normativa en materia de requisas.
En la actualidad, la incorporación de evidencia digital al proceso penal se ha vuelto cada vez más frecuente, resultado del uso masivo de herramientas y tecnologías informáticas que atraviesan prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Las nuevas formas delictivas —habitualmente denominadas «ciberdelitos»— conviven con los tipos penales tradicionales y, en la mayoría de los casos, las tecnologías digitales inciden en la organización de la conducta, en el iter criminis o en las fases posteriores a la comisión del hecho. El propósito de este trabajo es precisar cómo debe recolectarse, tratarse, introducirse e interpretarse la evidencia digital en el marco del proceso penal, considerando que las normas rituales vigentes fueron dictadas en un contexto radicalmente distinto, cuando los medios de prueba distaban mucho de poseer las características actuales. En consecuencia, se impone actualizar el rito penal al entorno informático a fin de prevenir eventuales afectaciones a las garantías constitucionales. Para ello, y dado el escaso tratamiento que la temática ha recibido en nuestro sistema judicial y en la jurisprudencia local, se propone abordar la evidencia digital desde su conceptualización, para luego examinar su incorporación en la fase de investigación y analizar los conceptos y precedentes relevantes tanto a nivel nacional como internacional.
El agente digital encubierto y el acceso transfronterizo de datos
Este trabajo explora el uso de nuevas tecnologías por parte de organizaciones criminales y el impacto de los avances tecnológicos en la labor de las fuerzas de seguridad para prevenir y castigar delitos graves como el tráfico de drogas, armas, la trata de personas, la pedofilia y el terrorismo. Se introduce el concepto de agente digital encubierto,una figura que permite a los investigadores infiltrarse en redes criminales en el ámbito digital, analizando sus implicancias legales y éticas. El documento examina la operación EncroChat y Trojan Shield, que expusieron cómo las fuerzas de seguridad desarticularon redes criminales transnacionales mediante la infiltración de dispositivos de comunicación encriptados. Se aborda la problemática del acceso transfronterizo de datos, destacando la cooperación internacional necesaria para combatir delitos en el ciberespacio y el marco normativo que lo respalda, como el convenio de Budapest. Finalmente, se discuten las implicancias del agente encubierto digital en la legislación argentina, señalando su regulación en la provincia de Mendoza.
El juicio por jurados a personas menores de edad en la provincia de Buenos Aires
El trabajo analiza la viabilidad del juicio por jurados en el proceso penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, concluyendo que es constitucionalmente compatible. Ante el silencio de la ley 14.543 y de las normas del régimen penal juvenil, se sostiene que no existe prohibición legal y que rige el principio de igualdad de derechos, reforzado por el art. 118 de la Constitución Nacional. Los argumentos contrarios —falta de especialización y afectación a la privacidad— son descartados, destacando el rol del jurado como juez natural y límite al poder punitivo. Su implementación fortalecería la participación ciudadana y la legitimidad del sistema penal juvenil.
Derechos de autor 2025 Guillermo Salvador Leibig https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Prisión preventiva y crisis penitenciaria
El presente trabajo analiza la problemática del sistema carcelario en Argentina, con especial énfasis en el impacto del hacinamiento en cárceles y comisarías y sus efectos sobre los derechos humanos, la salud y la dignidad de las personas privadas de libertad. Se examinan las causas estructurales que perpetúan esta situación, como la falta de infraestructura adecuada, la sobreutilización de la prisión preventiva y la ausencia de políticas efectivas de reinserción social. Asimismo, se contrastan los estándares internacionales (Reglas Mandela, CADH) y la normativa nacional (ley 24.660) con la realidad cotidiana, evidenciando las brechas existentes. El artículo también aborda las recientes reformas introducidas por el código procesal penal federal y la ley 27.785, que establecen nuevos lineamientos para limitar la prisión preventiva y acelerar los procesos penales, con el objetivo de garantizar los derechos de los imputados y reducir la sobrepoblación carcelaria. Finalmente, se propone una reflexión crítica sobre la responsabilidad estatal y judicial en la perpetuación de condiciones inhumanas, planteando la necesidad de reformas urgentes orientadas a garantizar el respeto por la dignidad humana y la implementación de medidas alternativas a la prisión para descomprimir el sistema penitenciario y evitar que las comisarías se conviertan en soluciones improvisadas para albergar detenidos.
El trabajo analiza en profundidad, el denominado sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo y/o alto perfil (en adelante, «SIGPPLAR»), implementado en argentina mediante las resoluciones 35/2024 y 153/2025 del ministerio de seguridad nacional. Examina su origen, estructura y funcionamiento, poniendo en evidencia cómo este régimen de aislamiento extremo, vulnera de forma sistemática, derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos. A través de un enfoque crítico, se demuestra que el SIGPPLAR encarna un «encierro dentro del encierro», configurando una pena autónoma, arbitraria y sin control judicial efectivo. El artículo sostiene que este sistema reproduce la lógica del derecho penal de autor y profundiza el fracaso institucional del servicio penitenciario federal y del poder judicial, que abdican de su deber de control. En definitiva, se concluye que el régimen representa un estado de excepción encubierto, contrario a la dignidad humana y a los principios de legalidad, proporcionalidad y progresividad en la ejecución penal.
Adolescentes en conflicto con la ley penal y en situación de consumo de sustancias en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La ponencia analiza las tensiones entre los marcos normativos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el sistema penal juvenil y la salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con foco en adolescentes en extrema vulnerabilidad social y con consumos problemáticos. Sostiene que, pese a los avances del paradigma de derechos humanos en infancias y salud mental, el régimen penal juvenil mantiene lógicas tutelares y punitivistas que reproducen estigmatización, exclusión y encierro. El trabajo denuncia la criminalización de la pobreza y del consumo, la sobre-intervención institucional y la falta de políticas públicas integrales, proponiendo un abordaje intersectorial, comunitario y respetuoso de la dignidad y la participación activa de los adolescentes.
Competencia del patrimonio arqueológico y paleontológico
La ponencia reflexiona sobre la práctica profesional de la psicología en contextos de encierro, poniendo en el centro la ética profesional, el paradigma humanista y la dignidad humana. Se critica la subordinación de los informes psicológicos a demandas judiciales y mediáticas que imponen juicios de valor, vulneran el secreto profesional y desatienden la singularidad del sujeto. A partir de la experiencia en cárceles bonaerenses, se analizan tensiones entre justicia penal y práctica clínica, el impacto de los juicios abreviados y la estigmatización institucional. Se propone una escucha activa, responsable y no punitiva, orientada a la reparación subjetiva y a la garantía de derechos.
Derechos de autor 2025 María de las Nieves Sánchez Burzomi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
La relación entre la justicia penal y el rol de los equipos profesionales dentro de las cárceles
La ponencia propone una revisión crítica del rol del psicólogo en el contexto carcelario, enfatizando la centralidad de la ética profesional, el secreto profesional y el paradigma humanista frente a las demandas judiciales e institucionales. A partir de una extensa experiencia en el sistema penitenciario bonaerense, se analizan las tensiones entre la práctica clínica y los requerimientos punitivos, especialmente en la elaboración de informes psicológicos. El trabajo cuestiona la estandarización, los juicios de valor y la utilización sancionatoria de la palabra del sujeto, y reivindica una escucha activa, contextualizada y respetuosa de la dignidad humana, orientada a la reparación subjetiva y la garantía de derechos.
Derechos de autor 2025 Lilia Rodas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
La cuestión carcelaria en Chile y su continuo colonial
El sistema penitenciario chileno se encuentra inmerso en una compleja, amplia y grave crisis reconocida por autoridades, operadores del sistema de justicia penal y la academia, que incluso puede definirse como estructural por lo cual existe consenso sobre la necesidad de cambios relevantes para que el sistema carcelario de respuesta a los múltiples requerimientos por los cuales existe. El presente trabajo va más allá y apunta a la necesidad de superar el modelo penitenciario existente por su obsolescencia funcional, por la ingente deficiencia jurídico-normativa y por la pasmosa vulneración de derechos humanos que provoca. El análisis se enfoca, a través de diversas disciplinas, en un análisis genealógico crítico de la cárcel en Chile y sus diversas transformaciones hasta la realidad actual que dan cuenta de un continuo histórico y epistémico anclado en la época colonial y que tiene por sentido político el encarcelamiento de la subalternidad.
Derechos de autor 2025 Raúl Andrés Palma Olivares https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0