La «desfederalización» sin coordinación es negocio para el narcotráfico

Resumen

La ley 26.052, sancionada en 2005, introdujo la «desfederalización» parcial de delitos vinculados al narcotráfico en Argentina, otorgando competencia a las provincias adheridas para investigar y juzgar delitos de narcomenudeo y tenencia para consumo personal. Esta medida buscó mejorar la eficacia en la persecución de delitos menores ante la limitada presencia de fuerzas federales en el territorio. Sin embargo, la fragmentación jurisdiccional generó obstáculos para investigar niveles superiores del narcotráfico, al alertarse a eslabones más altos durante operativos locales. Para enfrentar esta problemática, la ley 27.502 de 2019 estableció mesas de coordinación entre autoridades federales y provinciales. Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (2024) muestra una disminución de causas federales en provincias adheridas tras la sanción de dicha ley, lo que evidencia cambios en la distribución de competencias, aunque no necesariamente una reducción del narcotráfico. Por lo pronto, el sistema mixto plantea desafíos persistentes, especialmente por la falta de coordinación entre jurisdicciones, lo que puede limitar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Se destaca la necesidad de fortalecer mecanismos de colaboración, intercambio de información y capacidades institucionales para mejorar los resultados y garantizar una respuesta estatal más integral frente a esta problemática.